La Unión Europea no puede normalizar al régimen talibán ni poner en riesgo la vida de las personas afganas

Desde RAGAA condenamos el encuentro celebrado el pasado 23 de junio en Bruselas entre representantes de la Comisión Europea, quince Estados miembros y una delegación del régimen talibán.

La reunión, presentada públicamente como un encuentro "técnico" para abordar el retorno de ciudadanos afganos desde la Unión Europea, constituye un paso profundamente preocupante hacia la normalización de un régimen responsable de algunas de las violaciones de derechos humanos más graves del mundo contemporáneo.

Un encuentro opaco con un régimen no reconocido

La Comisión Europea invitó a Bruselas a cinco representantes del régimen talibán, autoridades de facto que la propia Unión Europea nunca ha reconocido como gobierno legítimo de Afganistán. Por el contrario, durante los últimos cuatro años, las instituciones europeas han condenado de manera reiterada y contundente las políticas de los talibanes y las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato.

Esta reunión, además, no constituye un hecho aislado. Se produce tras la visita de una delegación de la Comisión Europea a Kabul en enero y forma parte de un proceso iniciado el pasado otoño, cuando veinte Estados miembros solicitaron a Bruselas acelerar las expulsiones de ciudadanos afganos sin permiso de residencia.

Resulta especialmente preocupante la falta de transparencia que ha rodeado este encuentro. Los detalles de las conversaciones no han sido publicados y únicamente trascendieron algunos elementos tras la presión ejercida por diversos medios de comunicación.

Las instituciones europeas afirmaron posteriormente que las conversaciones se limitaron al retorno de ciudadanos afganos que hubieran cometido delitos graves o representaran una amenaza para la seguridad. Sin embargo, diversos medios que tuvieron acceso al documento original de invitación señalaron que este hacía referencia, de forma mucho más amplia, al retorno de ciudadanos afganos sin derecho de residencia en la Unión Europea, sin ninguna mención específica a personas condenadas por delitos.

La diferencia es sustancial y plantea serias dudas sobre el verdadero alcance de las negociaciones mantenidas con el régimen talibán.

Una política incompatible con el Derecho Internacional

Este encuentro debe entenderse dentro de una estrategia más amplia de la Unión Europea para incrementar las devoluciones de personas migrantes a sus países de origen, reforzada recientemente mediante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

Sin embargo, ninguna política migratoria puede justificar el incumplimiento de una de las normas más fundamentales del Derecho Internacional: el principio de non-refoulement.

Recogido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y desarrollado posteriormente por numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, este principio prohíbe expulsar o devolver a cualquier persona a un país donde existan motivos fundados para creer que su vida, su libertad o su integridad correrán peligro.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado además que esta protección se aplica con independencia de que la persona haya sido formalmente reconocida como refugiada.

Es cierto que el propio Derecho Internacional contempla excepciones muy limitadas cuando una persona represente una amenaza grave y acreditada para la seguridad del Estado o haya sido condenada por delitos especialmente graves. Sin embargo, estas excepciones exigen una evaluación individualizada y no pueden utilizarse como fundamento para establecer mecanismos generales de retorno hacia un país donde el riesgo de sufrir persecución y graves violaciones de derechos humanos está ampliamente documentado.

Afganistán sigue siendo un país donde nadie está seguro

No existe ninguna base objetiva para considerar Afganistán un país seguro para el retorno.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió el pasado mes de mayo que "el retorno involuntario a Afganistán de personas con grave riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos es contrario al principio fundamental del Derecho Internacional del non-refoulement".

El informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, No Safe Haven, documenta numerosos casos de personas retornadas forzosamente que fueron sometidas a detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y otras represalias por parte de las autoridades de facto.

Del mismo modo, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE) ha concluido que Afganistán no puede considerarse un país seguro debido al colapso del Estado de derecho, la ausencia de protección judicial efectiva y el elevado riesgo de persecución.

Las personas especialmente expuestas incluyen a mujeres y niñas, antiguos funcionarios del gobierno anterior, miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil y personas LGBTIQ+.

Un régimen responsable del apartheid de género

Desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, Afganistán atraviesa una de las mayores crisis de derechos humanos del planeta.

Las autoridades de facto han impuesto cientos de decretos destinados a excluir sistemáticamente a las mujeres y niñas de prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Han prohibido el acceso de las niñas a la educación secundaria y universitaria, restringido severamente la libertad de movimiento, eliminado su participación política y laboral, limitado su acceso a la justicia y consolidado un sistema de discriminación institucionalizada basado exclusivamente en el sexo.

Naciones Unidas y numerosos expertos internacionales han descrito de forma reiterada esta realidad como un auténtico apartheid de género, un crimen cuya incorporación al Derecho Internacional RAGAA viene reclamando de manera constante.

El propio Volker Türk resumió recientemente la situación con una frase contundente:

"Afganistán es un cementerio de los derechos humanos."

La justicia internacional confirma la gravedad de los crímenes

La gravedad de estos hechos ha sido reconocida también por la justicia internacional.

El 8 de julio de 2025, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, y contra el presidente del Tribunal Supremo de Kabul, Abdul Hakim Haqqani.

La Corte concluyó que existen motivos razonables para considerar que los dirigentes talibanes son responsables de una política sistemática de persecución basada en el género que ha incluido homicidios, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas y la privación deliberada de derechos y libertades fundamentales de mujeres y niñas.

Estas decisiones refuerzan aún más la imposibilidad de tratar al régimen talibán como un interlocutor político ordinario.

Una contradicción con la propia política de la Unión Europea

La propia Unión Europea ha denunciado durante años las violaciones sistemáticas cometidas por los talibanes y ha desempeñado un papel destacado en los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

En marzo de 2023, el Consejo de la Unión Europea estableció con claridad las condiciones para cualquier relación con las autoridades de facto: respeto de los derechos humanos, formación de un gobierno inclusivo, garantía del acceso humanitario, protección de las mujeres y prevención del terrorismo.

Ninguna de estas condiciones ha sido cumplida.

En este contexto, negociar mecanismos de devolución de ciudadanos afganos con el propio régimen talibán contradice directamente la política europea en materia de derechos humanos y supone un preocupante avance hacia la legitimación internacional de unas autoridades responsables de crímenes internacionales.

No resulta casual que el jefe de la delegación talibán, Abdul Qahar Balkhi, calificara la visita como "histórica" y anunciara públicamente conversaciones para ampliar los servicios consulares del régimen en territorio europeo.

La Unión Europea no puede sacrificar los derechos humanos

La protección de las fronteras nunca puede justificar la vulneración de obligaciones internacionales fundamentales ni la puesta en peligro de personas cuya persecución está ampliamente documentada.

La Unión Europea no puede combatir una crisis migratoria colaborando con un régimen que ha convertido la persecución de mujeres y niñas en política de Estado.

Desde RAGAA – Raise Against Gender Apartheid in Afghanistan condenamos firmemente este encuentro y cualquier iniciativa dirigida a facilitar devoluciones hacia Afganistán mientras continúen las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen talibán.

Instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a mantener una política plenamente coherente con los valores fundacionales de la Unión, respetar estrictamente el principio de non-refoulement, rechazar cualquier forma de normalización del régimen talibán y redoblar los esfuerzos internacionales para el reconocimiento del apartheid de género como crimen de Derecho Internacional.

La credibilidad de la Unión Europea como defensora de los derechos humanos depende de ello.