Publicamos el informe "Nombrar para actuar: por el reconocimiento internacional del apartheid de género"

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) presenta el informe “Nombrar para Actuar: Por el Reconocimiento Internacional del Apartheid de Género”, elaborado en el marco de la iniciativa RAGAA –Rise Against Gender Apartheid in Afghanistan–. El documento examina la situación actual de las mujeres y niñas afganas bajo el régimen talibán y analiza los fundamentos jurídicos y políticos para avanzar hacia el reconocimiento del apartheid de género como crimen de lesa humanidad autónomo en el derecho internacional.

El informe ha sido desarrollado por el equipo de investigación conformado por Alessia Schiavon, Sara Zanon, Yaiza Álvarez Reyes y Federica Carnevale, bajo la coordinación de Alessia Schiavon, como parte del trabajo de investigación e incidencia que RAGAA impulsa para visibilizar y denunciar la opresión sistemática que enfrentan las mujeres en Afganistán desde agosto de 2021.

Desde la toma del poder por parte de los talibanes, Afganistán se ha convertido en uno de los escenarios más extremos de discriminación institucionalizada contra las mujeres y las niñas en el mundo contemporáneo. A través de una serie de decretos, restricciones administrativas y mecanismos de control social, las autoridades de facto han impuesto un sistema normativo que limita profundamente la autonomía de las mujeres y restringe su participación en la vida pública. Entre las medidas más significativas se encuentran la prohibición del acceso de las niñas a la educación secundaria y universitaria, la exclusión de las mujeres de numerosos sectores del empleo público y privado, las restricciones a su libertad de circulación y la imposición de sistemas de tutela masculina para múltiples aspectos de la vida cotidiana. Estas políticas se acompañan de regulaciones estrictas sobre la presencia de las mujeres en espacios públicos y de limitaciones a su derecho de reunión, expresión y participación social.

El informe sostiene que estas medidas no constituyen decisiones aisladas, sino que forman parte de un régimen estructural de segregación y dominación basado en el género, orientado a excluir sistemáticamente a las mujeres de la ciudadanía plena y a relegarlas al ámbito privado. La acumulación de estas restricciones, su coherencia ideológica y su aplicación sistemática permiten identificar un patrón de opresión institucionalizada que comparte elementos característicos con otros sistemas históricos de apartheid.

En este contexto, el documento examina el concepto de apartheid de género, una categoría que ha ganado creciente relevancia en los debates jurídicos y políticos internacionales en los últimos años. Afirmando que, nombrar esta realidad permite describir con mayor precisión la naturaleza estructural de las violaciones que se están produciendo y abre la puerta a nuevas formas de responsabilidad internacional.

El informe analiza cómo el derecho internacional penal reconoce actualmente el crimen de apartheid en relación con la discriminación racial, particularmente a través de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el marco jurídico existente no contempla explícitamente el apartheid basado en el género.

A partir de este vacío normativo, el documento examina los fundamentos jurídicos que permitirían avanzar hacia el reconocimiento del apartheid de género como crimen de lesa humanidad autónomo. Para ello, analiza doctrinas jurídicas, desarrollos recientes en materia de derechos humanos y debates contemporáneos en el ámbito del derecho internacional.

El informe sostiene que reconocer jurídicamente el apartheid de género tendría implicaciones significativas para la protección de los derechos humanos. En particular, permitiría fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, ampliar las herramientas disponibles para la comunidad internacional y consolidar un marco normativo más robusto para enfrentar sistemas de opresión estructural basados en el género.

Además del análisis jurídico, el documento examina los avances recientes en la movilización internacional en torno a este concepto. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil, académicas, expertas en derechos humanos y activistas afganas han impulsado campañas y debates destinados a promover el reconocimiento del apartheid de género como una categoría jurídica específica.

En este proceso, la iniciativa RAGAA – Rise Against Gender Apartheid in Afghanistan, impulsada por FIBGAR y People Help (PH), se ha consolidado como una plataforma de investigación, incidencia y movilización internacional. Su objetivo es visibilizar la situación de las mujeres afganas, fortalecer la producción de conocimiento sobre esta forma de opresión y promover reformas jurídicas que permitan reconocer y sancionar el apartheid de género.

El informe “Nombrar para Actuar” forma parte de este esfuerzo colectivo. Afirmando que el reconocimiento del apartheid de género no es únicamente una cuestión terminológica. Nombrar este sistema de opresión constituye un paso fundamental para activar obligaciones jurídicas internacionales, movilizar la voluntad política de los Estados y fortalecer las herramientas disponibles para exigir responsabilidades.

El documento concluye con un llamado a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para visibilizar la situación de las mujeres y niñas afganas y avanzar hacia el reconocimiento del apartheid de género como crimen de derecho internacional.

En un contexto global marcado por múltiples crisis, el informe recuerda que la situación en Afganistán constituye uno de los desafíos más urgentes para el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Reconocer la naturaleza estructural de estas violaciones es el primer paso para construir respuestas eficaces.

En palabras que sintetizan el espíritu de esta investigación: nombrar es el primer paso para actuar.

Consulta el informe completo aquí.